Esta misma semana, la justicia italiana rechazó la petición del Fiscal de Ragusa y liberó el buque de la ONG badalonesa Open Arms,  que había atracado en el puerto de Pozzalo tras llevar a cabo un rescate de 218 refugiados libios.  Parte de su tripulación, más específicamente el Capitán, Marc Reig y la Jefa de misiones Anabel Montes, fueron acusados de trafico ilegal de personas y asociación delictiva tras negarse a entregar a los recatados a los guardacostas libios.

Los hechos que originaron esta acusación sucedieron el pasado 15 de Marzo, cuando el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma fue avisado por un helicóptero que patrullaba el mediterráneo de que una embarcación, llena de inmigrantes, se encontraba a la deriva. La central avisó tanto a la ONG española Proactiva Open Arms, como a la guardia costera libia. La ONG llegó primero al rescate, y cuando aparece la embarcación enviada desde libia la ONG considera inviable mandar de vuelta a Libia a los inmigrantes o llevarlos a Malta[i]. En el primer caso, porque considera que Libia se encuentra en un momento de inestabilidad, y en el segundo porque Malta no ha firmado capítulos de convenciones internacionales de rescate, y no acoge refugiados debido a sus pequeñas dimensiones.

Finalmente, el pasado 17 de mayo se publicó la sentencia sobre el caso, exonerando a ambos, Reig y Montes, de todas las acusaciones. Esta resolución establece un gran precedente para el trabajo de las ONGs en cuestiones de rescate en el Mediterráneo central[ii]. Por un lado, expone que Libia no se puede considerar un sitio seguro para los inmigrantes y por lo tanto, las ONGs no pueden verse obligadas a entregar a los rescatados a los guardacostas libios.Esto creará una base en la que acogerse en futuros casos similares. Por otra parte, también se afirma que en cualquier caso, se debe considerar que un grupo de personas que navega en una patera están objetivamente en peligro, sin importar que los barcos estén o no pinchadas o llenos de agua.

A pesar de esta victoria, se debe tener en cuenta que la fiscalía aún dispone de diez días naturales, para apelar al Tribunal Supremos de Roma. Además, esto tampoco significa que la fiscalía italiana deje de vigilar a las ONGs que operan en la zona, en palabras de Eduardo Aguayo, abogado de Proactiva en Barcelona, para el diario Ara;  “A raíz de este caso hemos averiguado que la fiscalía nos investigaba desde hacía dos años: tenían pinchadas las comunicaciones por satélite, nos vigilaban con drones e incluso monitorizaban todo lo que los medios de comunicación decía sobre nosotros”.  El abogado también afirma que no solo ocurre con esta organización, sino probablemente también con el resto.

Asimismo, será necesario esperar como acaban de desarrollarse los eventos, con la esperanza de que esta ONG pueda seguir trabajando en una zona migratoria de alta letalidad, ya que escasean las intervenciones de organizaciones y gobiernos en un mar donde, desde 2014, han fallecido más de 15.000 personas.  

Fonts

[i] https://politica.elpais.com/politica/2018/04/16/actualidad/1523871692_947502.html

[ii] https://www.ara.cat/internacional/justicia-italiana-fiscalia-lalliberament-Arms_0_2015798608.html

Foto: Ajel por Pixabay