Cuando el 18 de febrero de 2017 miles de personas se reunieron en el centro de Barcelona bajo el lema “Prou excuses. Acollim ara!”, la movilización se convertía en una de las mayores de las ocurridas esos días en diferentes ciudades europeas. Sin embargo, pocos podían imaginar que más de un año después el contexto habría empeorado, y que la solución se encontraría aún lejana.

Cuando el pasado domingo el nuevo ministro de Interior italiano tomaba el poder, sus primeras palabras visibilizaban el estado de la cuestión en el seno de los diferentes gobiernos europeos. Matteo Salvini afirmaba que “Italia no puede ser el campo de refugiados de la UE”, y declaraba la guerra a aquellos favorables a la acogida de refugiados, no sólo de índole política, sino también económica.

No son las únicas declaraciones de tinte xenófobo que se han producido en la última semana procedente de importantes gobiernos europeos. El responsable belga de Migración, el polémico Theo Francken, auspiciado por la ola populista que azota Europa, afirmó que “Primero tenemos que cerrar las puertas de entrada; a partir de ahí podremos encontrar un compromiso”.

Estas declaraciones tuvieron lugar tras la reunión de ministros de Interior de países de la UE, liderada por el comisario europeo de Migración Dimitris Avramopoulos; donde se intentaba encontrar, por enésima vez, una posible solución a la crisis de migración que desde el 2015 se vive en las fronteras europeas. La realidad es que más de tres años después desde que se alcanzara el récord de llegadas, las herramientas legales siguen siendo las mismas, y el acuerdo de los veintiocho sigue pareciendo inalcanzable.

Las posturas en este encuentro dibujaron la existencia de dos bloques antagónicos. Quienes rechazan de manera frontal el reparto de refugiados, integrado por países del este del continente como Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia; y aquellos países del sur (España, Italia, Grecia, Malta…) que rechazan la propuesta de la Comisión que pretendía que estos Estados “de primera línea” debían registrar los demandantes de asilo y responsabilizarse de ellos a partir de ese momento.

Pero en las últimas horas se ha desvelado que la próxima presidencia rotatoria que recaerá en Austria, podría traer inquietantes novedades respecto a este tema. El gobierno de Viena, que se sustenta entre otros en fuerzas de la extrema derecha, está decidido a apoyar una nueva medida que ya ha recibido el respaldo de varios gobiernos europeos: La creación de un centro de asilo fuera del territorio de la Unión Europea.

La polémica medida, que podría encontrarse en un estado muy avanzado de elaboración, ya ha recibido críticas por parte de asociaciones en defensa de los Derechos Humanos ante su difícil encaje legal en el acervo comunitario, y por ir aún más lejos en la estrategia que comenzó con el acuerdo firmado con Turquía.

Para estos grupos resulta contrario a la legalidad comunitaria enviar a las personas a países donde, posiblemente, anteriormente no habrían recalado. Además, señalan que se pretende sólo desviar el foco mediático europeo, mientras que el drama humanitario continúa.

La próxima reunión del Consejo Europeo, que se celebrará este mismo mes de junio, parece clave para dilucidar si la solución al problema de la migración estará protagonizada por estas polémicas medidas, o si finalmente los ecos de aquel “Prou excuses. Acollim ara!” terminan resonando en las grandes salas de reunión de la Unión Europea.

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