Ismael Blanco

Profesor de ciencias políticas de la UAB y director del IGOP

Han pasado trece años desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, que marcó el inicio de la Gran Recesión. Después de unos años de tímida recuperación económica, hemos vivido de nuevo una gran crisis mundial, derivada en este caso del estallido de la pandemia de la COVID-19. Los efectos acumulados de estas dos grandes crisis son de gran alcance y tienen carácter estructural: su huella, desde el punto de vista de las desigualdades sociales, es profunda y previsiblemente perdurará durante mucho tiempo. La recuperación económica posterior a la Gran Recesión se produjo sobre un modelo de crecimiento que perpetuaba la precariedad laboral y residencial para amplios segmentos de la población. Los efectos de la crisis de la COVID-19 llueven sobre mojado.

Los datos que el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona ha publicado recientemente muestran los graves efectos sociales de la pandemia en el ámbito metropolitano de Barcelona (IERMB, 2020). En 2020, la renta media de los hogares cayó un 20% respecto a la de 2018. La desigualdad social volvió a situarse en el nivel que registraba en 2011. La pobreza moderada se ha incrementado entre 4 y 5 puntos porcentuales en 2020. La población en riesgo de pobreza extrema ha crecido en unas 5.000 personas más. Y estos efectos son particularmente intensos en segmentos de población que ya antes presentaban una gran vulnerabilidad económica, como las clases trabajadoras, los niños, la población joven y las personas migradas: la pobreza entre las clases trabajadoras crece, mientras que los directivos y los profesionales sortean su impacto; la pobreza infantil se incrementa unos 7 puntos porcentuales; la población migrante en situación de riesgo de pobreza aumenta entre 5 y 10 puntos y hoy es ya cerca del 40%, en contraste con el 13% de la población autóctona; las personas jóvenes han tenido en el conjunto de España una caída de ingresos cuatro veces superior a la de las personas adultas (un 20% frente a un 5%). Los efectos de la crisis sobre la salud mental de la población –otro aspecto crítico de la pandemia– muestran también un fuerte sesgo de género y de clase, con una prevalencia de este tipo de problemas que es 10 puntos superior a las mujeres que en los hombres y 6 puntos superior en los jóvenes de barrios vulnerables que en los de barrios acomodados. Y la crisis no hace más que agravar las vulnerabilidades de aquellos barrios y municipios que apenas se habían recuperado de los efectos de la Gran Recesión.

Como resultado de la acumulación de los efectos de estas dos grandes crisis, la estructura socioespacial de la metrópoli se muestra hoy mucho más fragmentada y polarizada. Desde el punto de vista social, los efectos de ambas crisis presentan, como hemos visto, fuertes sesgos de clase, género, edad y origen. Para poder comprender estos efectos y los retos que plantean necesitamos adoptar una mirada interseccional, sensible a la interacción del conjunto de factores sociodemográficos que sitúan a determinados colectivos (como los jóvenes migrantes, las madres monoparentales con bajos niveles socioeducativos, las personas mayores con rentas bajas y que viven solas...) en una situación de extrema vulnerabilidad social. Debemos también conocer más a fondo las desigualdades territoriales que se producen en el seno de la metrópoli y las dinámicas de segregación urbana que resultan.

En varios estudios realizados a lo largo de los últimos años, hemos podido evidenciar un incremento significativo de la desigualdad en las condiciones de vida de diferentes barrios y municipios metropolitanos. Hoy, tanto las situaciones de pobreza y vulnerabilidad social como las de riqueza y bienestar, tienden a estar bastante más concentradas territorialmente que en el pasado. Entre 2001 y 2012, el número de secciones censales vulnerables (aquellas que concentran mayores niveles de vulnerabilidad social y residencial) aumentó en un 112% en la Región Metropolitana de Barcelona; en el mismo período, el número de secciones censales acomodadas (las que se sitúan en los niveles más altos de bienestar socioresidencial) se incrementaron más de un 300% (Blanco y Nel·lo, 2018). Y, lo que es más preocupante: este incremento de la polarización territorial, acelerado por las dinámicas de cambio residencial durante la burbuja inmobiliaria y agravado por la desigual distribución de los efectos sociales de la crisis, ha experimentado hoy un salto de escala de tal magnitud que las desigualdades se producen hoy entre municipios y entre ejes transmunicipales, más que entre barrios dentro de un mismo municipio. Volviendo a los datos generados por el IERMB sobre los efectos sociales de la pandemia, en 2020, el 51% de los habitantes de Santa Coloma de Gramenet, por ejemplo, residen en barrios de extrema vulnerabilidad; en Cornellà de Llobregat, el 28%; en Hospitalet de Llobregat, el 27%, y en Badalona, ??el 26%. Las diferencias de nivel de renta entre los diferentes municipios metropolitanos también son intensas y tienden a cronificarse: la Renta Familiar Bruta Disponible por habitante en Sant Cugat del Vallès, por ejemplo, es un 75% superior a la de Santa Coloma de Gramenet ( 24.800€ frente a 14.200€).

Los retos que plantean las citadas dinámicas sociales y territoriales son de gran alcance y tienen fuertes implicaciones para las políticas municipales y metropolitanas. Por un lado, no podemos ignorar el hecho de que, pese a las fuertes limitaciones competenciales y de recursos, los municipios desempeñan un papel esencial como primera línea de respuesta a las situaciones de emergencia social que surgen durante la crisis. Ante la concentración territorial creciente de las necesidades sociales, es necesario reforzar la sensibilidad territorial de las políticas sociales y la capacidad de intervención de las esferas de gobierno más cercanas a la gente. Pero, precisamente porque las desigualdades socioterritoriales tienen, cada vez más, un alcance intermunicipal, debemos tener muy presente también que las capacidades institucionales de respuesta son también muy desiguales, siendo significativamente menores en aquellos municipios donde justamente se concentran las situaciones de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, un reciente estudio demuestra que el 75% de la población vulnerable (definida, en este caso, como aquella que vive en secciones censales con una renta mediana correspondiente al decil inferior) se concentra en los municipios del primer cuartil por nivel de ingresos y el 96%, en municipios que tienen unos ingresos per cápita inferiores a la media (Checa, Donat y Nel·lo, 2022).

El municipalismo, por sí solo, hoy puede ser un factor reproductor de las desigualdades sociales. Necesitamos avanzar hacia una agenda social metropolitana, cuyas políticas redistributivas refuercen la capacidad de actuación institucional de los municipios donde se concentran las situaciones en las que la necesidad social es mayor. Necesitamos también unas políticas territoriales y de vivienda que moderen las dinámicas de segregación residencial metropolitana. Las medidas que podrían permitirnos avanzar en esta dirección son muchas y diversas, pero se podrían destacar dos particularmente urgentes y significativas: 1) la revisión del modelo de financiación de los municipios, en particular de los criterios por los que se otorgan las transferencias otras administraciones, que deberían considerar las variables socioeconómicas a la hora de determinar las cuantías, de cara a garantizar el principio de la equidad horizontal, que hoy no se cumple (Vilalta, 2015), y 2) impulsar unas políticas socioterritoriales de carácter redistributivo, como podría ser un Plan de Barrios Metropolitano, que permitieran reforzar el gasto y las inversiones en aquellos municipios que concentran los barrios con mayor vulnerabilidad social.

Referencias

Blanco, I.; Nel·lo, O. (2018): Barrios y crisis. Crisis económica, segregación urbana e innovación social. València: Tirant Lo Blanch.

Checa, J.; Donat, C.; Nel·lo, O. (2022): “La segregación residencial y los recursos municipales”. A: Blanco, I.; Gomà, R. (coord.), Vidas segregadas. Reconstruir fraternidad. València: Tirant Lo Blanch (pròxima publicació).

IERMB (2021): La metròpoli (post)-COVID. Impactes, escenaris i reptes. Barcelona: IERMB/AMB.

Vilalta, M. (ed.) (2015): Autonomía y equidad en la financiación municipal: dos principios compatibles. Barcelona: UB.

Las desigualdades sociales, los recursos municipales y la financiación metropolitana”, es una jornada organizada por la Fundación Catalunya Europa, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) y el Club de Roma, que forma parte del ciclo de debates "Metrópolis Multinivel" del proceso participativo Barcelona Demà Compromís Metropolità 2030, puesto en marcha por el PEMB. Encontrarás más información aquí.