Mariona Tomàs
Profesora de ciencia política y de la administración en la Universidad de Barcelona
El debate sobre la gobernanza metropolitana está presente en todo el mundo. La cuestión de qué competencias, qué financiación y sistema de elección de los representantes políticos deberían existir a escala metropolitana se plantea desde principios del siglo XX. Recientemente, ha habido una oleada de reformas metropolitanas en Europa, que se han traducido en la creación de gobiernos metropolitanos en Italia, Francia, Inglaterra, Portugal y Polonia.
En el caso de Barcelona, existe también un gobierno metropolitano de reciente creación: el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Asimismo, existen varios retos que se expresan en una realidad más amplia que la que corresponde a los 36 municipios que pertenecen al AMB. En efecto, el AMB es el núcleo de una región metropolitana más extensa, la Región Metropolitana de Barcelona (RMB), que incluye 127 poblaciones de las comarcas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme, en las que hay que sumar 72 municipios de la vegueria del Penedès: una realidad de casi 200 municipios que comparte diversas problemáticas, como la cohesión territorial, el acceso a la vivienda, el cambio climático, la movilidad o el desarrollo económico, pero sin órganos de gobierno. Por este motivo, las políticas hard (relacionadas con la gestión del territorio), pero también las soft (relacionadas con la atención a las personas), requieren una dimensión regional.
En el caso barcelonés, se trata de un territorio con mucha densidad institucional con más de cien instrumentos de cooperación intermunicipal. Así, a parte de los municipios, del AMB, de las comarcas y de la Diputación de Barcelona, existen consorcios, mancomunidades, empresas, etc. Esta fragmentación dificulta aún más la coordinación de las políticas metropolitanas y la visión metropolitana de los retos y de las soluciones a implementar. Por tanto, una simple coordinación entre municipios no es suficiente para hacer frente. Ante esta situación, existen varias opciones, más o menos institucionalizadas.
En un extremo, podría adaptarse y organizarse la estructura territorial de Catalunya a las necesidades de la realidad actual. Para ello, debería ampliarse el debate de la gobernanza metropolitana a escala de Catalunya y del Estado (darle un marco normativo, si fuera posible). El papel impulsor de la Generalitat sería clave y, por tanto, esta es una solución que no está en manos de los entes locales y que, probablemente, pasaría por una ponencia en el Parlament de Catalunya. El precedente de la Ley de vegueries (aprobada pero no aplicada) hace poco probable esta vía. Además, se trata de una solución a largo plazo mientras que las demandas de mejora de la gobernanza metropolitana son urgentes.
En busca de una solución más inmediata y con menos reformas, se podrían impulsar herramientas más flexibles y adaptadas (convenios, consorcios, agencias) en aquellos ámbitos en los que se detecta que son necesarias, con el apoyo y el compromiso de la Generalitat de Cataluña. Por ejemplo, el modelo de consorcios sectoriales podría ser una buena respuesta para cubrir las necesidades de los municipios de la RMB, siempre que se obtenga un compromiso financiero y político de la Generalitat de Catalunya.
Sin crear instituciones o entes nuevos, otra vía sería activar los instrumentos existentes. Por ejemplo, ejecutar e implantar las propuestas ya previstas en el Plan Territorial de la Región Metropolitana y reconstituir la Comisión de Ordenación Territorial Metropolitana de Barcelona. Esta comisión podría reunirse periódicamente y fijar un calendario de actuaciones, puesto que hasta ahora se ha mantenido inactiva.
Finalmente, se podrían llevar a cabo iniciativas poco institucionalizadas, de creación rápida, a partir de un modelo horizontal en el que estuvieran representados todos los municipios. Por ejemplo, mecanismos de impulso del trabajo en red, como la Mesa de la Calidad del Aire entre los municipios metropolitanos.
En cualquier opción, se debe consultar al conjunto de actores metropolitanos, tanto institucionales como empresariales, del tercer sector, etc. No se pueden dejar de lado a los agentes que tienen una visión del territorio y que lo conocen directamente. Si se toman las decisiones sólo desde las administraciones, hay más riesgo de que la iniciativa no salga adelante.
Sea cual sea la fórmula que se elija, es fundamental tratar de temas reales sobre los que los municipios reclaman una coordinación. Estos temas son especialmente tres: la movilidad, la vivienda y los derechos sociales. Es necesario, pues, trabajar a partir de estos temas que generan consenso y sobre los que existe un común denominador. Para ello, es necesario superar las desconfianzas entre la gran metrópoli y los municipios más pequeños. Todavía prevalece la sensación de que Barcelona y su área metropolitana tienen mayor peso en el reparto de los recursos (escasos). Una forma de superar los recelos sería fortalecer la autonomía fiscal y funcional de los gobiernos locales, como reclaman los ayuntamientos desde hace años.
En cualquier caso, es necesaria una gobernanza compartida y multinivel entre los actores ya existentes. Teniendo en cuenta el alcance territorial –estamos hablando de más de cinco millones de habitantes–, el rol de la Generalitat es primordial y es necesario que, de una u otra forma, tome partido en el debate metropolitano.
"¿Qué gobernanza queremos para la región metropolitana del futuro? es una jornada organizada por la Fundación Catalunya Europa, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) y el Club de Roma, que forma parte del ciclo de debates "Metrópolis Multinivel" del proceso participativo Barcelona Demà Compromís Metropolità 2030, puesto en marcha por el PEMB. Encontrarás más información aquí.
