La vivienda es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española como principio rector de la política social y económica. Se dice que la ciudadanía tiene el derecho de disfrutar de una vivienda digna y adecuado, y que los poderes públicos son los encargados de hacer efectivo este derecho, promoviendo las condiciones necesarias para que así sea y estableciendo las normativas pertinentes [1].

Jordi Bosch, director técnico del Observatori Metropolità de l'Habitatge, afirma que la teoría se ve confrontada con una realidad muy diferente, especialmente después de la crisis financiera de 2008 y más recientemente, con la pandemia de la COVID-19. La desregulación del mercado de la vivienda se inició en 1985, convirtiendo los bienes inmobiliarios en un activo financiero atractivo para la especulación. Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogateres, explica que como resultado se producen incrementos de oferta y burbujas de precios que no van acompañados de incrementos proporcionales en los salarios, empeorando progresivamente la capacidad de acceso y de mantenimiento de la vivienda, así como las condiciones de vida de la ciudadanía.

Según Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, y Lucía Martín, regidora de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, en España la vivienda siempre se ha entendido como un asunto de cariz privado y no como bien público. La falta de garantía de este derecho es una problemática que las instituciones públicas arrastran de hace décadas. De hecho, Antoni Sorolla, director de Relaciones Institucionales de Sogeviso, expone que el presupuesto público catalán invertido en vivienda social es solo del 0,1% del PIB, mientras que la media europea se sitúa en el 0,6%. Esto se traduce en un alquiler social que representa solo un 1,6% del parque de vivienda, mientras que a países como los Países Bajos este supera el 30% [2]. De hecho, Bosch asegura que el segmento del alquiler es lo más perjudicado en términos de precios de acceso y de mantenimiento, provocando que la población que vive experimente mayores dificultades para llegar a final de mes. Concretamente, la tasa de sobrecarga de la población de alquiler en el área metropolitana de Barcelona, es decir, la cantidad de personas que destinan más de un 40% de los ingresos a los gastos de vivienda – vivienda y suministros - se sitúa en un 42%. Esta tasa de sobrecarga es la cifra más alta de la Unión Europea, que tiene una media por la UE-28 del 24,9% [3].

Este contexto genera retos crecientes, como por ejemplo el sobre-endeudamiento y el empobrecimiento de las familias, la lacra de los desahucios, la antigüedad y el deterioro del parque de viviendas o la emancipación tardía de la juventud. En esta línea, Juan Antonio Módenes, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics, asegura que en Cataluña la tasa de emancipación de la juventud de entre 25 y 29 años era del 20% a finales de 2020, siendo la más baja desde 2007 [4]. Assumpció Puig, decana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, añade que el 70,6% de los edificios del área metropolitana de Barcelona fueron construidos antes de 1981 [5], esto tiene efectos sobre la calidad, las condiciones de habitabilidad y la eficiencia energética de la vivienda. Así, solo un 6% de las viviendas tienen una de las tres mejores categorías de la certificación energética (A, B, o C) [6]. Hay, pues, margen de mejora.

Para garantizar el derecho a la vivienda, David Guardia, coordinador de la fase de desarrollo del proyecto de Sostre Cívic, asegura que se tendrían que combinar diferentes modelos de tenencia y de gestión, más allá de la compra y el alquiler, como el cooperativismo y la cesión de uso, la propiedad temporal y los derechos de superficie, entre otros. En paralelo, Guifré Homedes, director general de Amat Inmobiliaris, destaca que se podría potenciar la transformación de las viviendas y locales comerciales vacíos en vivienda social, favoreciendo que los propietarios lleven a cabo reformas y rehabilitaciones para cumplir con las calidades óptimas para ser habitadas y mejorar la eficiencia energética. En cualquier caso, todos los ponentes coinciden con que estas estrategias para poderse financiar se tendrían que desarrollar mediante colaboraciones pública-privadas y pública-comunitarias; y para ser más efectivas se tendrían que concebir de manera transversal y a escala metropolitana.

El contenido de este artículo es fruto del debate desarrollado durante el ciclo de Jornadas Municipalistas de Vivienda que tuvo lugar el mes de mayo de 2021. Para ver la crónica y el video de las cuatro jornadas clica en los siguientes enlaces:

• Políticas municipales de vivienda: Áreas estratégicas, suelo y planes locales
• Los retos locales en materia de vivienda desde el punto de vista del mercado y las necesidades de la población
• Nuevos instrumentos en materia de recursos, operadores y normativa
• La rehabilitación urbana y los fondos europeos

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• La gestión pública del parque de vivienda existente como estrategia de política de vivienda social
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• Diseñar políticas de vivienda transversales a corto, mediano y largo plazo

[1] Congreso de los Diputados (2003). La Constitución espanyola de 1978. Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Disponible aquí.

[2] Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona. L’habitatge a la demarcació de Barcelona. (2018) p. 9. Disponible aquí.

[3] Observatori Metropolità de l’Habitatge de Catalunya. Garantir l’accés i la permanència en l’habitatge, dos reptes col·lectius. (2018). Disponible aquí. 

[4] Observatori Català de la Joventut. Situació laboral de les persones joves a Catalunya.  (2020). Disponible aquí 

[5] IERMB i AMB. Anuari Metropolità de Barcelona 2016. Repensar la metròpoli: noves claus per a un projecte col·lectiu, (2017), pp. 75-76. Disponible aquí.

[6] Institut Català d’Energia. Observatori de l’estat energètic d’edificis de Catalunya. (2020). Disponible aquí.