En España la vivienda siempre se ha entendido como un asunto de cariz privado y no como un bien público. David Guardia, coordinador de Sostre Cívic, expone que la preferencia que la ciudadanía tiene verso la compra de la vivienda de residencia habitual no es únicamente una cuestión cultural, sino que es atribuible a la inseguridad económica y la inestabilidad temporal que supone el alquiler, como activo financiero sujeto a especulación. De hecho, Jordi Bosch, director técnico de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, asegura que el segmento de la población que vive en régimen del alquiler es lo más perjudicado en términos de precios de acceso y de mantenimiento, provocando que la población que vive experimente mayores dificultades para llegar a final de mes. Concretamente, la tasa de sobrecarga de la población de alquiler en el área metropolitana de Barcelona, es decir, la cantidad de personas que destinan más de un 40% de los ingresos a los gastos de vivienda – vivienda y suministros - se sitúa en un 42%. Esta tasa de sobrecarga es la cifra más alta de la Unión Europea, que tiene una media por la UE-28 del 24,9%[1].
Por Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogateres, un primer paso para cambiar la realidad del alquiler haciéndolo una opción más accesible, segura y estable es la Ley 11/2020 de contención de rentas del alquiler, que tiene que ir acompañada de una ampliación del parque público de alquiler social y asequible. Una medida que ya se ha hecho, pero que se ha ido perdiendo porque ha devuelto al mercado.
En el proceso de lograr este parque de vivienda social y asequible, Antoni Sorolla, director de Relaciones Institucionales de Sogeviso, explica que es imprescindible contar con todos los actores que ya trabajan y otros que hay que incorporar. Aquí la Administración Pública tiene un papel fundamental, de titularidad del suelo y de control de los precios, mientras que el sector privado y la sociedad civil, a través de cooperativas o de fundaciones, pueden aportar los recursos y el capital necesario para salir adelante la parte de gestión y operatividad. En este sentido, se necesita un sector privado que haga una apuesta para moderar las ganancias a cambio de estabilidad a largo plazo y de un retorno social elevado.
Además, según Guardia hay que mirar las políticas de vivienda más allá del alquiler y de la compra, combinando diferentes modelos de tenencia y de gestión, como ya tienen otros países europeos como por ejemplo Austria. Diferentes modelos que pueden ser el cooperativismo y la cesión de uso – actualmente hay 600 viviendas de este estilo en Cataluña -, la propiedad temporal, los derechos de superficie, entre otros. Por otro lado, los casos de éxito muestran que hay que favorecer una gestión comunitaria lo más participada posible.
Algunos ejemplos de buenas prácticas de vivienda social en colaboración con el sector privado son el Programa de Mediació del Lloguer en el Prat de Llobregat, un servicio municipal de mediación entre propietarios y locatarios para incrementar la oferta de viviendas de alquiler asequible; y la empresa mixta Habitatge Metrópolis Barcelona, con la mitad del capital de la AMB y el Ayuntamiento de Barcelona y la otra mitad de la empresa Cevasa-Neinor, que quiere contribuir a ampliar el parque de viviendas de alquiler asequible al área metropolitana. Mientras que algunos ejemplos de colaboración con la sociedad civil son la Fundació Habitat3, dedicada a la ampliación y gestión del parque de viviendas de alquiler social destinado a colectivos en situación de exclusión residencial; la Cooperativa Obrera de Viviendas, también en el Prat de Llobregat, que desde 1962 se ha dedicado a la construcción y gestión de viviendas asequibles, de servicios sociales para la gente mayor, y de locales comerciales para la promoción de una economía solidaria; y la cooperativa Sostre Cívic, que se dedica a difundir, promocionar e impulsar la vivienda cooperativa en cesión de uso en todo el territorio. En este la propiedad es colectiva, favoreciendo una gestión más democrática y evitando el lucro individual.
El contenido de este artículo es fruto del debate desarrollado al ciclo de Jornadas Municipalistas de Vivienda que tuvo lugar el mes de mayo de 2021. Para ver la crónica y el video de las cuatro jornadas clica a los siguientes enlaces:
- Políticas municipales de vivienda: Áreas estratégicas, suelo y planes locales
- Los retos locales en materia de vivienda desde el punto de vista del mercado y las necesidades de la población
- Nuevos instrumentos en materia de recursos, operadores y normativa
- La rehabilitación urbana y los fondos europeos
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[1] Observatori Metropolità de l’Habitatge de Catalunya. Garantir l’accés i la permanència en l’habitatge, dos reptes col·lectius. (2018). Disponible aquí.
