La vivienda es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española como principio rector de la política social y económica. La realidad pero, es muy diferente, especialmente después de la crisis financiera de 2008 y más recientemente, con la pandemia de la COVID-19. Por un lado, Jordi Bosch, director técnico del Observatori Metropolità de l'Habitatge, afirma que la tasa de sobrecarga de la población de alquiler en el área metropolitana de Barcelona, es decir, la cantidad de personas que destinan más de un 40% de los ingresos a los gastos de vivienda – vivienda y suministros - se sitúa en un 42%. Esta tasa de sobrecarga es la cifra más alta de la Unión Europea, que tiene una media por la UE-28 del 24,9% [1]. Por otro lado, Juan Antonio Módenes, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics, añade que en Cataluña la tasa de emancipación de la juventud de entre 25 y 29 años era del 20% a finales de 2020, siente la más baja desde 2007 [2].
Ante esta realidad, Antonio Sorolla, director de Relaciones Institucionales de Sogeviso, subraya que las políticas de vivienda no pueden concebirse de manera aislada, sino de forma entrelazada con otras cuestiones que tienen que ver con la ciudad, como el urbanismo, las políticas económicas, las políticas de movilidad, las políticas medioambientales y las políticas sociales. Además, Bosch añade que para poder diseñar estas políticas hace falta una planificación que tenga en cuenta diferentes respuestas de acuerdo con la visión temporal que se trabaje. Es decir, definir los objetivos a corto, medio y largo plazo, y las actuaciones que los acompañarán; estimar los recursos económicos que lo harán posible y favorecer la formación de todos los actores que habrá que involucrar en este proceso.
A corto plazo es evidente que se tiene que hacer frente a la emergencia habitacional, que seguro que se agreugerà cuando se acaben las medidas de protección de los locatarios derivadas de la pandemia de la COVID-19. Este objetivo puede dirigirse a través de las medidas de control del alquiler, como lo es la Ley 11/2020, y también con ayudas directas para personas con mayor vulnerabilidad. A medio plazo, se tiene que buscar la introducción progresiva de un parque de vivienda asequible, especialmente en ciudades muy congestionadas. Por ejemplo, a través de la mediación entre propietarios y locatarios; de la adquisición de vivienda pública en el mercado privado; del impulso de modelos cooperativistas; o de cambios de normativa fiscal, entre otros. Por el qué hace al largo plazo, la literatura defiende que para incrementar la vivienda asequible y social hay que transformar el parque existente y la construcción de obra nueva en alquileres públicos o semi-públicos, con la actuación del Tercer Sector como si fuera la Administración Pública.
Para poder implementar de manera efectiva estas propuestas, todos los ponentes coinciden con que se necesita adoptar un marco jurídico estable, que asegure un compromiso de cumplimiento por parte de todos los actores involucrados. En cuanto al sector público, Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, afirma que se tiene que facilitar la cooperación entre administraciones, especialmente entre Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y dotar estos últimos de mayores competencias y recursos. En cuanto al sector privado, Sorolla asegura que se pueden introducir incentivos que faciliten su implicación tanto en la construcción de vivienda asequible como en los procesos de rehabilitación.
Finalmente, Lucía Martín, regidora de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, y Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, recalcan la relevancia de la escala metropolitana. La cuestión de la vivienda está profundamente imbricada con procesos económicos, demográficos, sociales y culturales del territorio. Hay municipios que sufren las consecuencias de las políticas y de las condiciones de vida de municipios vecinos. Este sería el caso de muchas ciudades del área metropolitana de Barcelona. Una reducción de las limitaciones burocráticas y una armonización de las políticas y las acciones a escala metropolitana pueden generar impactos más grandes por ejemplo, impidiendo que los operadores puedan tener diferentes ventajas normativas y fiscales en función del municipio. A la vegada, la perspectiva metropolitana puede contribuir significativamente a reducir las desigualdades dentro del territorio porque puede permitir que aquellos municipios con menores recursos puedan implementar medidas con la ayuda de aquellos con mayores capacidades.
El contenido de este artículo es fruto del debate desarrollado al ciclo de Jornadas Municipalistas de Vivienda que tuvo lugar el mes de mayo de 2021. Para ver la crónica y el video de las cuatro jornadas clica a los siguientes enlaces:
- Políticas municipales de vivienda: Áreas estratégicas, suelo y planes locales
- Los retos locales en materia de vivienda desde el punto de vista del mercado y las necesidades de la población
- Nuevos instrumentos en materia de recursos, operadores y normativa
- La rehabilitación urbana y los fondos europeos
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- Diseñar políticas de vivienda transversales a corto, mediano y largo plazo
[1] Observatori Metropolità de l’Habitatge de Catalunya. Garantir l’accés i la permanència en l’habitatge, dos reptes col·lectius. (2018). Disponible aquí.
[2] Observatori Català de la Joventut. Situació laboral de les persones joves a Catalunya. (2020). Disponible aquí.
